donostia. "Imaginemos que el 90% de la población vasca supiera euskera. ¿Qué ocurriría si las señales en los aeropuertos, los formularios en los establecimientos comerciales, las páginas web de las empresas de transporte, los carteles y comunicaciones de las empresas de telefonía estuvieran en su mayoría sólo en euskera? ¿Sería ello aceptable? Pues justamente eso les ocurre hoy a gran parte de los ciudadanos bilingües: que muchos servicios se les ofrecen diariamente sólo en castellano".
Patxi Baztarrika, viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, propuso ayer este ejercicio durante la presentación del decreto que persigue "garantizar los derechos lingüísticos" de los consumidores y usuarios de grandes comercios y empresas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), que se verán obligados a atender y rotular tanto en euskera como en castellano, como ya adelantó este periódico en la edición de ayer. La ley afectará a cerca de 2.000 entidades, el 6,5% de las existentes, que abarcan el 45% de la cuota de mercado.
La nueva normativa, que entrará en vigor en las próximas semanas, viene acompañada de una convocatoria de ayudas "destinada al cumplimiento de las obligaciones establecidas y de carácter anual". El incumplimiento de los requisitos lingüísticos pasará a constituir "infracción de consumo" y, aunque el abanico por el que se regirán las sanciones será "muy amplio", Baztarrika vaticinó que las multas no serán superiores a los 500 euros.
El Ejecutivo vasco ha previsto un periodo de adaptación de cuatro años para su aplicación, aunque el decreto fija "plazos diferentes" para el cumplimiento de las obligaciones lingüísticas. Según explicó el viceconsejero, la norma tiene una naturaleza "progresiva y flexible", ya que tiene en cuenta la "realidad sociolingüística" de la zona en la que se ubican las empresas. Las entidades que cumplan los requisitos definidos por el decreto recibirán un Sello de Compromiso Lingüístico.
sin presiones "No queremos hacer seguimiento lingüístico alguno, no queremos presionar a nadie. El objeto del decreto es garantizar a los consumidores el derecho lingüístico que les asiste, el derecho a usar la lengua de su elección en sus relaciones con los establecimientos de ámbito comercial. Y lo queremos hacer poco a poco", profundizó Baztarrika, acompañado por Rodrigo García, viceconsejero de Comercio, Consumo y Seguridad Industrial. Según coincidieron, el nuevo decreto viene a desarrollar el marco normativo actual, en especial la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias aprobado en 2003 por el Parlamento vasco.
"No estamos hablando de la panadería o el bar de debajo de casa", comentó García, para explicar que el pequeño comercio y las microempresas quedan exentas de cumplir la ley, aunque pueden acogerse a ella voluntariamente. Sí afectará a las que presten "servicios universales" -telefonía, ferroviarias, empresas de transporte aéreo y regular, electricidad y gas-, entidades financieras y establecimientos con una superficie de venta superior a 400 m2.
Las obligaciones lingüísticas se basan en que las comunicaciones escritas, la información oral y la atención al público se realicen tanto en euskera como en castellano. El incumplimiento de esos requisitos será sancionable "conforme a lo establecido" en la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de 2003. Sin embargo, Patxi Baztarrika incidió en el deseo de "fomentar su cumplimiento a través de otro tipo de vías".
No en vano, según añadió, el decreto es fruto de un "amplio" proceso de audiencia en el que el Gobierno Vasco ha mantenido reuniones con 37 organismos.
La patronal pide que sea progresivo
La patronal vizcaina del comercio, Cecobi, consideró que la incorporación del euskera a los comercios "debe realizarse bajo las premisas de la progresividad y la colaboración con la administración pública". Cecobi relativizó la importancia de este decreto ya que afectará únicamente a grandes empresas e insistió en que el éxito de la iniciativa "requiere un intenso trabajo entre la Administración y los empresarios del sector comercial a través de mecanismos de colaboración que permitan la incorporación progresiva del euskera en los comercios". Así, comunicó al Gobierno vasco "su disposición a desarrollar los programas de incorporación del euskera, pero bajo las premisas anteriormente citadas". Con un claro cariz de confrontación, rechazaron de plano el decreto PSE-EE y el PP, sobre todo este último. El presidente popular en Bizkaia, Antonio Basagoiti, tachó de "puro fascismo" la normativa. "Va absolutamente en contra de la libertad, es más importante el derecho al trabajo y comunicarse que los derechos lingüísticos". La socialista Isabel Celaá añadió que el Gobierno vasco "hace un flaco favor al euskera cuando trata de fomentarlo por la vía de decretazo, la imposición y el no consenso". >deia |
