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03-07-2008
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Acceso al domicilio del empresario Jesús Guibert Azkue, en Donostia, que fue registrado ayer por orden de la Audiencia Nacional. Foto: efe
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El juez le citará a él y a Jainaga como imputados para tomarles declaración.
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BILBAO. Un día después de que la Guardia Civil mantuviera detenido sin orden judicial expresa para ello al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, el juez Baltasar Garzón ordenó ayer el registro del domicilio del empresario azpeitiarra Jesús Guibert Azkue. Al igual que en el caso del industrial vizcaino, el magistrado de la Audiencia Nacional le relaciona con el pago a ETA del denominado impuesto revolucionario, por lo que la actuación policial de ayer estaba dirigida a localizar las cartas que probaran tal posibilidad. El empresario quedó en libertad tras el registro realizado por el Instituto Armado durante buena parte de la tarde.

Los agentes de la Guardia Civil necesitaron varias horas para llevar a efecto el registro de la vivienda de Jesús Guibert, de 81 años, situada en una céntrica calle de Donostia. Según señalaron fuentes judiciales, la operación está relacionada con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, detenido en Burdeos el pasado 20 de mayo.

un día después También el registro, veinticuatro horas antes, del despacho profesional y el domicilio de Jainaga tuvo su origen en las pesquisas policiales derivadas del arresto del dirigente etarra. El alto directivo de Sidenor permaneció detenido durante las aproximadamente doce horas que se prolongó el registro. El juez Garzón sólo había ordenado a la Guardia Civil el registro de los locales pero, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional, a la luz de la documentación obtenida, los agentes decidieron proceder a la detención, si bien precisaron que en ningún momento preveían que iba a ser puesto a disposición judicial.

Desde la Audiencia española señalaron ayer que, muy posiblemente, Baltasar Garzón citará en los próximos días a Jainaga y Guibert para tomarles declaración como imputados a la vista de los atestados policiales.

Se da la circunstancia de que Guibert fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia por los Comandos Autónomos Anticapitalistas cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucin S.A. Su cautiverio duró diecisiete días y fue puesto en libertad tras el pago, supuestamente, de 150 millones de pesetas. El industrial entró en la empresa a finales de los años 50 del siglo pasado tras casarse con una de las hijas del fundador de la fábrica. La firma -que fabricaba laminados metálicos- llegó a convertirse en pocos años en una de las empresas con tecnología más avanzada de todo el País Vasco.

Además, un sobrino del empresario azpeitiarra, José Ignacio Guibert, también fue objeto de un intento de secuestro perpetrado por tres personas en una céntrica calle de Iruñea. Al igual que su tío, también era propietario de una empresa de vehículos de gama alta, aunque tuvo más suerte que él ya que, tras ser abordado por los secuestradores, logró zafarse gracias al error de uno de ellos. Nunca se aclaró quién estaba detrás de la acción, aunque el modus operandi apuntaba en dirección a ETA.

El registro del domicilio de Jesús Guibert para buscar las cartas enviadas por la organización armada reclamándole el pago del impuesto revolucionario es la cuarta actuación de Garzón en menos de un mes contra empresarios que supuestamente han cedido a la extorsión de ETA. Hace unas semanas, el magistrado ordenó el ingreso en prisión de las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Azpiroz, a las que acusó de pagar 6.000 euros. El pasado martes registró la vivienda del directivo de Sidenor por las mismas razones que a Guibert.
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