nADA menos que 23 días han permanecido en prisión las empresarias de Orio María Isabel y Blanca Bruño, encarceladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusadas de un presunto delito de financiación de una organización armada y puestas ayer en libertad tras el pago de una fianza. Es decir, que han permanecido 23 días en la cárcel por haber, siempre supuestamente, cedido a la extorsión de la banda terrorista ETA, que lleva décadas exigiendo por carta -cada vez con mayor carácter amenazante y coactivo- a centenares de industriales y profesionales vascos el impropiamente denominado impuesto revolucionario bajo la seria advertencia de riesgo cierto para la vida propia y/o de los familiares cercanos de quien se niegue a pagar el chantaje. En los últimos días, Garzón ha vuelto a tomar el protagonismo mediático que tanto le gusta. En esta ocasión, ha optado de nuevo por agarrar la bandera de una cruzada contra la extorsión terrorista en la que, como siempre, ha entrado como elefante en una cacharrería -es decir, marca de la casa- para aparecer como el paladín de la integridad moral frente al terror. Para ello, no le ha importado al juez estrella mancillar el buen nombre de varios empresarios, humillarlos ante empleados y familiares, colocarlos en el disparadero público y hacer de ellos un pim-pam-pum para cierto sector social y mediático. Con sus procedimientos, más que discutibles desde el punto de vista tanto jurídico como social, Garzón ha convertido en delincuentes a quienes en realidad no son sino víctimas del chantaje terrorista. Ha convertido a víctimas de ETA en victimarios, en colaboradores de los asesinos. Con el agravante de que a partir de este momento la vida personal, social, profesional y económica -valga la expresión- de quienes han sido detenidos -"retenidos", según la abominable, interesada, manipulada y eufemística versión policial de los hechos- sufrirá un deterioro imposible de recuperar. Los casos de las hermanas Bruño, o el del empresario Jesús Guibert, de 81 años de edad, que fue víctima de un secuestro en el que estuvo torturado en un frío zulo durante 17 días, o el de José Antonio Jainaga, cuyo relato en el que niega todas las imputaciones reproducimos en la página 37, son altamente significativos. El asunto es muy preocupante, demasiado como para despacharlo como una garzonada más o un exceso de un juez en su presunta lucha contra el terrorismo. Lo que ha hecho Garzón es infligir un daño irreparable a, de momento, cuatro empresarios vascos, que se unen a otros que en el pasado también fueron tratados como delincuentes. Y lo que debe quedar claro es que los extorsionados -ninguno de ellos, tampoco los que pagaron un rescate para recuperar la libertad y cuyo círculo de amistades llegaba incluso a la Corona española- no son en ningún caso delincuentes, sino víctimas del terrorismo.