BILBAO. El ayer reelegido por otros tres años como presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Lazpiur, declaró en relación a la trama del impuesto revolucionario que "en ningún caso puede tratarse a las víctimas como verdugos". Lazpiur se refirió de esta manera, por primera vez en público, a las detenciones de cinco empresarios vascos el pasado mes por orden del juez Garzón dentro de la investigación de la red de financiación de ETA.
En concreto, los detenidos fueron dos hermanas empresarias de Orio, Maribel y Blanca Bruño, el empresario azpeitiarra Jesús Guibert -secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1983- y José Antonio Jainaga, actual consejero delegado de Sidenor, y el ex presidente de esta siderúrgica Sabino Arrieta. Todos ellos fueron detenidos a raíz de la documentación incautada durante la detención del jefe del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, en Burdeos el pasado 24 de mayo.
Lazpiur quiso librar a los empresarios de la sombra de sospecha por haber pagado presuntamente a ETA. "Aun defendiendo, como siempre hemos hecho, la necesidad de mantenerse firmes frente al chantaje, y estando profundamente convencidos de que la inmensa mayoría de los empresarios extorsionados así lo hacen, pensamos también que en ningún caso puede tratarse a las víctimas como verdugos", sentenció.
Por otra parte, además de considerar que el trato a los financieros implicados en la trama "conculca derechos fundamentales de las personas", la petición del denominado impuesto revolucionario afectaría también negativamente a la economía vasca. Lazpiur recordó que Confebask "lleva más de 40 años sufriendo amenazas, secuestros y presiones". Por ello, aprovechó la ocasión para transmitir su solidaridad a todos aquellos que hubieran recibido cartas de la organización armada y a lo que, en definitiva, "de una u otra forma sufren las consecuencias de la tiranía trasnochada y abominable que representa hoy el terrorismo". |
