BILBAO. Deprisa y corriendo. El Tribunal Constitucional (TC) cumplió el guión y, batiendo con creces sus propios récords, atendió con celeridad inusitada el recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y decidió suspender la Ley de Consulta aprobada el pasado junio por el Parlamento vasco. También admitió a trámite el recurso del PP.
Sensible a las argumentaciones de los querellantes, al alto tribunal decidió, asimismo, habilitar el mes de agosto como hábil para poder resolver sobre este asunto, por lo que los magistrados podrán mantener reuniones el mes que viene. El Ejecutivo socialista y el PP buscan que el tribunal se pronuncie antes del 15 de septiembre para, con la más que probable suspensión definitiva de la Ley, impedir cualquier posibilidad de que el tripartito siga adelante con su intención de convocar la consulta prevista para el próximo 25 de octubre.
También el Gobierno vasco está interesado en que el TC se pronuncie para mediados de septiembre -en esa fecha concluye el plazo fijado por la propia Ley de Consulta para tramitar la convocatoria del plebiscito-, aunque sus intereses son completamente distintos.
La suspensión se mantendrá durante un máximo de cinco meses a contar a partir de la fecha de su publicación en el BOPV, es decir, no concluirá hasta el 15 de diciembre. En ese periodo el TC deberá ratificar o revocar la suspensión.
En las dos providencias dictadas ayer por el TC se da traslado de la admisión a trámite de ambas querellas tanto al Congreso como al Senado, además de a los Gobiernos español y vasco y el Parlamento de Gasteiz para que, en el plazo de quince días, "puedan personarse en este procedimiento y realizar las alegaciones convenientes".
En su recurso, el Gobierno español concretó que la Ley de Consulta vulnera cuatro preceptos constitucionales en cuanto que pretende marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la autorización de consultas y cuestiona la soberanía nacional. Por su parte, el PP alegó que se ha producido una "violación del sistema constitucional de competencias". Además, arguyó la "inconstitucionalidad material" de las dos preguntas que se plantean para la consulta, ya que eluden "la voluntad del pueblo español en su conjunto y "supeditan el inicio del proceso a una decisión previa" de ETA.
El PSE censura el "partidismo" del Gobierno vasco
El parlamentario del PSE Rodolfo Ares denunció ayer el "nulo interés del tripartito en que el Parlamento vasco legisle sobre publicidad institucional, para seguir utilizándola de forma partidista al servicio del Gobierno de Ibarretxe, con el dinero de todos los contribuyentes vascos". En un comunicado, Ares criticó "la parálisis de la tramitación parlamentaria de una Proposición de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional del País Vasco, cuya toma en consideración fue aprobada por el Parlamento vasco en marzo de 2007". "Desde entonces, ha pasado casi año y medio, con una ponencia parlamentaria paralizada, pese a que los grupos parlamentarios registraron en tiempo oportuno sus propias enmiendas. Pero está claro que a los grupos que apoyan al Gobierno, y particularmente al Grupo Nacionalista, no les interesa que la publicidad institucional del Ejecutivo se somete a criterios de control democrático". Ares señaló que "existe una carencia absoluta de regulación legal sobre la publicidad institucional en Euskadi, sometida a un simple decreto, pero no a una Ley, como ocurre con la publicidad institucional que emite el Gobierno de España". A su juicio, "esta situación está haciendo posible una publicidad institucional que no es capaz de desligar la opinión política del Gobierno de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas". Y hace posible, igualmente -ha indicado el parlamentario socialista- que este tipo de publicidad se transforme en una continua exaltación de los actos del Gobierno o, lo que es peor, en un ataque a la actividad de otras Administraciones. >DEIA
