LA sentencia del Tribunal Supremo sobre los atentados del 11-M pone punto final a un proceso judicial que la política ha convertido en uno de los más tortuoso de la democracia en el Estado español. El alto tribunal ha ratificado en lo sustancial el veredicto que en su día emitió la Audiencia Nacional, a excepción de la absolución ahora de cuatro de los 21 condenados y la imposición de pena por tráfico de explosivos a un acusado que en la anterior sentencia había quedado libre de cargos. Pero la conclusión más relevante es que el Tribunal Supremo da carpetazo definitivo a la teoría de la conspiración impulsada al alimón por el Partido Popular y por determinados medios de comunicación que le son afines. Los urdidores de la trama que, a su vez, buscaban dibujar ante la opinión pública una supuesta trama en la que ETA aparecía como autora de los atentados del 11-M en Madrid, se aprovecharon de la complejidad de la investigación para, sembrando dudas sobre multitud de pequeños detalles, conformar un panorama conjunto de confusión que diera la impresión de que tras él se ocultaba algo extremadamente grave: una conspiración en la que estarían implicados desde ETA hasta el propio Gobierno español. Los investigadores policiales y los instructores judiciales del sumario tuvieron que trabajar bajo una presión política y mediática extrema, que se mantuvo durante la vista oral del macrojuicio en la Audiencia Nacional, persistió una vez conocida la sentencia y ha coleado con mayor o menor intensidad, en determinados ámbitos, hasta el fallo del Supremo. La inercia ha llevado a los defensores a ultranza de esa teoría de la conspiración a mantenerse en sus trece y a descalificar a quienes dentro de las filas de la derecha optaron en su día por un prudente pliegue de velas. Todavía ayer, el que fuera ministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar y presidente del Congreso, Federico Trillo, aseguraba que "sigue sin intuirse" el autor intelectual de los atentados, mientras que el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, acotaba que "hoy por hoy" no hay más que investigar. No todos los populares se agarran a ese clavo ardiendo con el que algunos quieren justificar su salida del Gobierno en 2004 debido, en buena parte, a la nefasta gestión que hicieron de los terribles atentados. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, recordó ayer que un político "nunca" debe sustituir la función de los jueces. Mariano Rajoy intenta también dirigir la nave de su partido lejos de esos puertos en los que mandan los impulsores de la teoría de la conspiración, y sufre en sus propias carnes el trabajo soterrado de quienes son especialistas en la desestabilización. La sentencia del Supremo no va a parar a estos últimos. Históricamente, su máxima ha sido que el fin, el poder, siempre justifica los medios.