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Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, en primer término, y sus homólogos alavés y vizcaino, Xabier Agirre y Jose Luis Bilbao. Foto: deia |
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Competencias en discordia
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La diputación guipuzcoana se desmarca de Bizkaia y Araba, y niega que el desacuerdo sobre la Ley Municipal sea debido a las competencias. Lo situó en el "debate político" que tiene que dirimir el Parlamento.
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R. Ugarriza
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las riñas entre vecinos son las más ruidosas. En algunas ocasiones los agravios se desvanecen como un azucarillo en un vaso de agua y en otras se enconan y tiene que venir el juez de paz a poner orden. Algo parecido está ocurriendo en el conflicto abierto entre las diputaciones forales de Bizkaia y Araba, y el Gobierno vasco a raíz de la aprobación por éste del proyecto de Ley Municipal. En un giro más de esta historia, que se produce en el seno de instituciones de un mismo color político, ayer la otra diputación afectada, la guipuzcoana, negó la mayor y desmintió que el conflicto sea competencial sino únicamente objeto de "debate político" en el Parlamento vasco.
Mientras tanto la Comisión Arbitral que dirime el conflicto ha admitido a trámite los recursos, lo que implica la suspensión del trámite parlamentario del proyecto.
Aunque las causas de la presentación de recursos por parte de las dos primeras instituciones forales no están del todo claras, lo cierto es que la merma del poder de las diputaciones a la hora de decidir la financiación de los municipios parece ser la clave del desacuerdo. El proyecto de Ley Municipal, que debería entrar en vigor a principios de 2009, fija las competencias de los municipios vascos así como su sistema de financiación, procedente de los impuestos recaudados por los Territorios Históricos, y que estaría garantizado mediante esta norma.
Aunque todas las partes quieren atemperar los ánimos y dejar que la Comisión Arbitral decida en septiembre si los recursos tienen razón de ser o, por el contrario, el proyecto de ley puede seguir el trámite parlamentario, ayer nuevamente volvieron a conocerse nuevas posiciones alrededor de esta polémica.
La más llamativa fue la del portavoz de la diputación guipuzcoana, Eneko Goia, que no observa un "conflicto de competencias" sino un "debate político" que se debe dilucidar en el Parlamento.
no hay conflicto competencial En este sentido, aseguró en rueda de prensa que la institución guipuzcoana, a diferencia de sus homólogas, "no ha estimado oportuno" plantear ningún tipo de recurso contra el proyecto porque "existía un periodo de alegaciones en el que la Diputación puso de manifiesto cuáles eran las cuestiones que podían suscitar algunas dudas".
Para Goia, en esta cuestión lo que hay es un "debate político" sobre cuáles son las competencias que deben ostentar los municipios. En este sentido insistió en que la institución foral guipuzcoana no considera que exista un "conflicto de competencias efectivas".
Muy diferente fue la posición expresada ayer por la Diputación de Araba, cuyo teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, volvió a defender la legitimidad del planteamiento de los recursos. También aseguró con contundencia que durante la tramitación del anteproyecto, desde que el actual diputado general, Xabier Agirre, asumió el cargo, no se ha reunido con el Gobierno vasco para tratar el tema.
Ante la insistencia de la Vicelehendakaritza de que recibió un escrito firmado por él mismo en torno a sus objeciones a algunos aspectos de la ley -que luego fueron añadidos, según el Gobierno vasco, al texto final-, Rodríguez reconoció que envió el escrito pero insistió en que no hubo "interlocución".
A preguntas de los periodistas, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, también se pronunció ayer sobre la polémica y reiteró la posición de la Vicelehendakaritza en el sentido de que el Ejecutivo vasco ha mantenido "varias reuniones" con las diputaciones para negociar el proyecto de ley.
Mientras tanto, la diputación de Bizkaia ha optado por no entrar durante este tiempo en el debate público, y dejar que los acontecimientos sigan su curso y se pronuncie sobre el fondo de la cuestión la Comisión Arbitral.
explicaciones del gobierno Y en aguas revueltas ganancias de pescadores. Eso es lo que debe opinar el PSE-EE, que ha pedido que la vicelehendakari comparezca en el Parlamento para explicar las discrepancias entre las instituciones, a la vez que emplazó al PNV a resolver las discrepancias. El portavoz socialista, Rodolfo Ares, advirtió de que, "si no lo hace", la formación jeltzale "demostrará que no sólo no es capaz de llegar a acuerdos con fuerzas políticas que representan a una parte muy importante de la sociedad vasca, sino que ni siquiera es capaz de poner de acuerdo a sus distintos representantes institucionales para cohesionar este país". "Esta polémica pone de manifiesto que alguien no ha hecho sus deberes", aseguró. |
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