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Un agente armado de la Guardia Civil, en la sede de Amenabar. Foto: efe |
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Garzón ordena el registro de una empresa atacada por ETA por supuestos pagos a la banda
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Entre los documentos incautados a 'Thierry' figuraría un supuesto recibo de 200.000 euros.
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E. Iribarren
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donostia. La investigación abierta en la Audiencia Nacional tras la detención en Burdeos del dirigente de ETA Javier López Peña, Thierry, en relación con el pago del denominado impuesto revolucionario puso ayer su punto de mira en la constructora guipuzcoana Amenabar.
Sobre las 13.00 horas, varios agentes armados de la Guardia Civil se personaron en la sede central que posee la compañía en Zarautz para su registro, a la vez que requerían a los responsables de la empresa la entrega de una serie de documentos que se incorporarán a la investigación. Se da la circunstancia de que la propia sede zarautztarra, así como diversa maquinaria de Amenabar, ha sido atacada este año con bombas por ETA.
La operación policial se prolongó durante casi cuatro horas y media, sin que el registro obligara a detener la actividad laboral de los trabajadores. Sobre las 17.30 horas, los agentes abandonaron las instalaciones de la empresa portando varias cajas que, según fuentes de la investigación, contenían los documentos solicitados mediante requerimiento judicial por el magistrado Baltasar Garzón.
cuarta empresa Amenabar es la cuarta empresa investigada por el juez de la Audiencia Nacional en poco más de un mes, una operación que inició el 12 de junio con la detención de las hermanas Bruño, recientemente puestas en libertad. La acción de Garzón continuó con la detención de José Antonio Jainaga en Bilbao y la del empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue. Días después se conoció que el ex presidente de Sidenor Sabino Arrieta declaró como imputado por un presunto pago a ETA. En el caso de Amenabar, al cierre de esta edición se desconocía si algún directivo de la empresa ha declarado o ha sido llamado a declarar en los próximos días.
La investigación judicial tiene su origen en los papeles incautados a Javier López Peña tras su detención en Burdeos el pasado 21 de mayo. Al parecer, y según cita Vasco Press de fuentes de la investigación, entre esa documentación habría aparecido un supuesto pago de 200.000 euros. Representantes políticos y empresariales vascos han mostrado su preocupación por los modos en los que la Audiencia Nacional está desarrollando sus pesquisas al convertir a las víctimas de la extorsión en verdugos.
El caso de Amenabar es paradigmático de lo denunciado desde sectores políticos y empresariales. La sede registrada ayer por la Guardia Civil fue diana de ETA hace apenas mes y medio. El 2 de junio, estalló a la entrada del edificio una bomba que causó tres heridos leves y daños materiales de diversa consideración. Unos días antes, dos excavadoras de la compañía guipuzcoana que operaban en la construcción de una carretera cercana a Donostia fueron atacadas con artefactos explosivos.
Polémica por el TAV La interpretación de estos atentados causó una agria polémica entre el Gobierno vasco y los partidos constitucionalistas. Al ser Amenabar una de las empresas que participa en la construcción del Tren de Alta Velocidad, rápidamente se explicaron los ataques de ETA como atentados contra la Y vasca. Desde el Gobierno vasco se apeló a la prudencia a la espera de mayores datos que pudieran confirmar ese extremo. El lehendakari y su Ejecutivo fueron duramente criticados por no plegarse a esta hipótesis, defendida por el PSE y el PP. El registro de la Guardia Civil realizado ayer vendría a avalar la postura del Ejecutivo vasco, así como otras interpretaciones que explicaron el acoso de ETA contra Amenabar en sus exigencias de dinero.
"Es una víctima, no un verdugo"
La Asociación de Empresarios de Gipuzkoa, Adegi, pidió ayer respeto por la "presunción de inocencia" de la empresa Construcciones Amenabar y rechazó que esta compañía "se vea sometida al trato que se da a los verdugos siendo, como es en realidad, víctima". La patronal guipuzcoana recordó que Amenabar ha sufrido "la presión, los ataques y las amenazas del terrorismo" en atentados contra sus excavadoras y contra su sede de Zarautz y, pese a las "coacciones", se ha "mantenido firme en su actividad empresarial", en especial "en las obras de construcción de la 'Y' vasca". Tras pedir que "no se ataque públicamente a la imagen y la dignidad de esta empresa", Adegi recuerda que ETA "siempre ha estado en contra los empresarios de este país, ha sido y es una pesada carga, un lastre que han tenido que soportar en el desarrollo de su actividad empresarial". "Los empresarios guipuzcoanos se han mantenido y se mantienen firmes ante las amenazas, chantajes, atentados, secuestros y asesinatos que ETA ha dirigido contra el colectivo empresarial a lo largo de su historia", subrayó Adegi. |
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