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El coordinador general de EB ejerce el voto en presencia del juntero José Ferrera en la consulta simbólica celebrada ayer en Bilbao. Foto: efe |
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Los partidos que apoyan la consulta ponen en marcha las iniciativas para su defensa
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Aralar aboga por proseguir con los contactos entre las formaciones para consensuar el acto conjunto del día 25.
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deia/agencias
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bilbao. Poco a poco, de forma tímida pero constante, los partidos que apoyan la consulta -el tripartito en el Gobierno vasco y Aralar- están poniendo en marcha las iniciativas con las que pretenden reivindicar la legalidad y utilidad del plebiscito ciudadano, después de que el Tribunal Constitucional pusiera veto a la Ley de Consulta que aprobó el Parlamento de Gasteiz el pasado mes de junio. Mientras siguen adelante las negociaciones entre todos ellos de cara a consensuar un acto conjunto de respaldo para el próximo día 25 -en el que estaba previsto que tuviera lugar la consulta impulsada por el lehendakari-, las formaciones políticas empiezan a dar forma a las propuestas de carácter individual que persiguen el mismo objetivo: reivindicar el derecho de la ciudadanía a ser consultada.
Es el caso de Ezker Batua, uno de los integrantes junto a PNV y EA del gabinete que preside Juan José Ibarretxe, que ayer escenificó su apoyo con la celebración en Bilbao de una consulta simbólica. En la misma se simuló una votación con papeletas sobre el fin de ETA y el derecho a decidir, pero también sobre la Y vasca o la política fiscal.
Las papeletas, que debían ser introducidas en una urna, estaban encabezadas por la leyenda: "Todas las personas tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir y qué mundo queremos construir, por lo que la participación ciudadana es un derecho democrático que nadie nos puede negar, ni en Madrid, ni en Euskadi".
En dicho acto, el coordinador general de la coalición de izquierdas, Javier Madrazo, volvió a defender su propuesta de promover una Ley de Participación Ciudadana que sea aprobada por el Parlamento vasco en la próxima legislatura y que sirva para blindar el derecho a decidir de los vascos. "La sociedad vasca tiene derecho a participar en la vida política, social, cultural, económica y de género, y no solamente en el ámbito de la pacificación y la normalización", aseguró. Añadió que "la participación ciudadana es un derecho democrático que nadie nos puede negar, ni en Madrid ni en Euskadi".
Por su parte, Aralar expresó ayer una declaración de intenciones de signo diferente. Y es que su coordinador, Patxi Zabaleta, abogó por la unión de fuerzas y dejó en un segundo plano la celebración de iniciativas de carácter individual. "Tenemos como criterio no anunciar actuaciones individualistas ni propias del partido", señaló.
En el acto de clausura del primer Congreso de Iratzarri celebrado en Donostia, en el que resultó elegido Fabio González como coordinador de las juventudes de Aralar, Zabaleta abogó por defender la Ley de Consulta a través de la unión de fuerzas. "Todos los partidos que estamos a favor de ese derecho democrático tenemos que actuar juntos y llevar hasta sus últimas consecuencias la reivindicación de la consulta", afirmó el dirigente de la formación abertzale.
Agregó que, por este motivo, "nosotros seguiremos las pautas que acordemos juntos y que sean los comunes denominadores entre todos los partidos", tras lo que desveló la celebración, la semana pasada, de una reunión multipartita en este sentido.
Aralar también expresó ayer un discurso propio al abogar por llevar la defensa de la consulta "hasta el final, hasta el Tribunal de Estrasburgo", una opción que sus compañeros en la defensa del plebiscito parecen haber dejado a la sombra. Patxi Zabaleta justificó esta opinión en la creencia de que la consulta "es un derecho democrático del que no vamos a hacer renuncia. Pero todo eso lo vamos a hacer juntos, uniendo fuerzas".
De forma paralela, el Gobierno vasco ha editado y distribuido hasta el momento 1.630.000 papeletas, 815.000 sobres y otras tantas cartas dentro de su campaña de divulgación de la Ley de Consulta. Esto ha supuesto un coste total de 29.923 euros, tal y como se desprende de una respuesta parlamentaria a una interpelación del PSE sobre dicha campaña. |
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