ÚLTIMAMENTE, son muchos los que hablan de política industrial. Pero, realmente, son pocos los que concretan las necesidades que esta requiere. En ese sentido, con frecuencia, se olvida que no vivimos aislados y que estamos fuertemente condicionados por la globalización y por la Unión Europea (UE), que trata de preservar nuestro bienestar frente a los que avanzan por derroteros peligrosos.

La política industrial que necesitamos

Pero, ¿qué se dice al respecto desde la UE? Recientemente se ha publicado el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre Forjar una nueva estrategia europea en pro del mercado interior: tender puentes entre la competitividad y los retos tecnológicos, sociales y medioambientales de nuestras empresas. Podemos encontrar orientaciones interesantes para poder responder a la cuestión planteada.

Así, para el CESE el punto de partida, que condiciona todo lo demás, es la necesidad de reforzar el mercado interior. Ello es así porque se entiende que un mercado interior sólido conlleva eliminar las barreras persistentes, prestar un apoyo activo a la innovación y a la investigación, y concentrar y orientar las inversiones ajustando las normas europeas sobre ayudas estatales a estos objetivos. Para ello se apuesta por una gobernanza multinivel, que nos interpela a asomarnos como pueblo dispuesto a aportar. Concretamente, el CESE afirma que la solidez del mercado interior debe articularse en torno a un enfoque territorial en el que intervengan las regiones y los entes locales. Además, se enfatiza la necesidad de poner el mercado interior al servicio de lo social, pues se señala que este debe contribuir a la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales y del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), a la integración del desarrollo del capital humano y al fomento de empleos de calidad debidamente remunerados para implicar a los trabajadores en las transiciones necesarias (digital, ecológica y de cohesión social). Late pues la necesidad de un nuevo pacto social.

Precisamente, para ello se considera que la política industrial europea es una herramienta esencial. De ahí que se apueste por una nueva estrategia industrial. Según el CESE, esta debe caracterizarse por 6 objetivos, que pasamos a analizar brevemente.

Primer objetivo: “Desarrollar una economía industrial sólida que sea ecológica, digital, sostenible y justa”, que posibilite “limitar las dependencias excesivas, garantizar el acceso a fuentes seguras y sostenibles de materias primas fundamentales, consolidar el modelo social europeo y defender los derechos humanos fundamentales”.

Este objetivo presenta distintas aristas.

Para alcanzar una economía industrial sólida se hace una llamada a reforzar las sinergias entre las empresas de capital, las empresas públicas y las empresas de economía social.

El CESE pone especial énfasis en el desarrollo de las pymes porque se otorga a las mismas un papel primordial en la innovación y en las respuestas adaptadas a la diversidad de situaciones y necesidades. De ahí que se apoye que el sistema financiero les proporcione los recursos que necesitan para realizar inversiones sostenibles. Por eso se dice que el mercado único europeo debe garantizarles el acceso a los mercados y las cadenas de valor.

Respecto a las empresas de economía social se advierte que es necesario fomentarlas para lo que se requiere establecer un marco jurídico específico que reconozca el papel que desempeñan como proveedores de servicios. Basta aquí con remitirse al acuerdo político aprobado por el Consejo de la Unión en relación con la Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social.

Igualmente, se pide evaluar las consecuencias de liberalizar los servicios de interés económico general para la cohesión social, económica, social y territorial, así como estudiar la posible pertinencia de crear instrumentos europeos de intervención pública en dichos servicios: energía, materias primas fundamentales, movilidad y transporte público, saneamiento, recursos hídricos, telecomunicaciones, accesibilidad digital, y, muy especialmente, sistema sanitario basado en la prevención y el acceso universal a la atención sanitaria.

Respecto al modelo social europeo y la defensa de los derechos humanos fundamentales, puede citarse, como evidencia del camino a recorrer elegido, la reciente Declaración interinstitucional de La Hulpe sobre el futuro del PEDS.

Segundo objetivo: “Favorecer la creación de una infraestructura digital europea moderna, interoperable y estratégica, fundamental para una industria inteligente, competitiva, ecológica y resiliente que también incluya la inteligencia artificial (IA)”.

Para ello se aplauden todas las reformas que se están llevando a cabo para establecer una competencia más leal en el mercado único digital (Reglamento de IA, Directiva de Plataformas…). El desarrollo de la IA se considera prioritario, pero dentro de los valores europeos.

Tercer objetivo: “Luchar contra el cambio climático garantizando la neutralidad en carbono a través de la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la economía circular o la durabilidad de los productos, entre otros aspectos”.

Se es consciente de que dependemos de otros países en distintos ámbitos, como los combustibles fósiles y las materias primas. Pero se defiende un papel más activo para garantizar un suministro sostenible y a largo plazo de materias primas y la necesidad de ofrecer incentivos y medios a las empresas, lo que requiere realizar grandes inversiones. Ello, además, se relaciona necesariamente con el quinto objetivo.

Cuarto objetivo: “Diseñar una política económica estable con normas claras que garanticen la seguridad jurídica y que prevean una dotación suficiente para la innovación en los presupuestos públicos”.

Al respecto, el CESE reconoce que es necesario garantizar la coherencia en la elaboración de la legislación de la UE y en su aplicación y cumplimiento en los Estados miembros. Pone un ejemplo muy ilustrativo: la creación del mercado único supuso una reducción de aproximadamente 150.000 normas nacionales en 1985 a unas 13.000 normas europeas armonizadas en 2007. Pero advierte que como muchas normas de la UE no se transponen en los ordenamientos jurídicos nacionales y se aplican de manera muy diferente o en grados muy distintos, se perjudica el buen funcionamiento del mercado interior y se merma la confianza que la ciudadanía debía depositar en él. De ahí que incida en la necesidad de respetar el acervo normativo de la UE, recordando que se debe proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos y jurídicos de los consumidores europeos, independientemente del lugar de la UE en que vivan, viajen y compren.

Como otro aspecto negativo, subraya que la UE no dispone de una política industrial común capaz de hacer frente a la competencia exterior. Y algo que nos vuelve a interpelar, especialmente, para que sepamos defender sin fisuras las bondades de nuestro concierto económico en aras del bienestar de la ciudadanía, en la medida en que el CESE entiende que la una unión fiscal y monetaria limitadas ponen en peligro el funcionamiento y la existencia a largo plazo del mercado interior.

En todo caso, se requiere resiliencia y agilidad para afrontar los constantes cambios. Ello conlleva reducir la burocracia, racionalizar los procedimientos y luchar contra toda forma de corrupción.

En cuanto a la innovación, el CESE, consciente de la necesidad de fomentar el espíritu empresarial, abre las puertas a que las empresas privadas accedan al capital riesgo y aboga por crear vínculos entre la industria y el sector científico, en particular las universidades. Dejemos pues de satanizar a las empresas y reforcemos nuestro sistema universitario.

Quinto objetivo: “Garantizar un acceso constante a una energía verde a precios estables y competitivos al objeto de respaldar las industrias con gran consumo de energía, que constituyen la columna vertebral de la industria europea”.

Sexto objetivo: “Reforzar las competencias y capacidades de adaptación de la población activa y crear condiciones laborales dignas en el sector industrial para hacer frente a los desafíos demográficos”. Estamos ante un objetivo vinculado al pacto social ya mencionado, concretamente, centrado aquí en los trabajadores.

En suma, tenemos tarea. Más allá del maquillaje y puesta en escena electorales, de las promesas guay y vacías, ahora toca desnudarse y actuar con visión institucional, de país y al servicio de la ciudadanía.

Profesor de Derecho laboral de la Universidad de Deusto