Los trabajadores de Bilbobus y la empresa adjudicataria del servicio van acercando posturas, aunque no lo suficiente como para dar por concluido el conflicto laboral. Por de pronto, este miércoles y jueves, la huelga indefinida quedará suspendida. Este alto al fuego ha sido confirmado por José Fernández, presidente del comité de empresa. El preacuerdo lo han alcanzado la adjudicataria Biobide y los sindicatos UGT, CCOO y USO, mientras que ELA ha rechazado los contenidos económicos pactados en la mesa de negociación. Desde la empresa han emitido un comunicado manifestando que este pacto, firmado por la mayoría sindical, se votará por los trabajadores mañana.
Este acercamiento ocurre días después de que el Ayuntamiento de Bilbao haya iniciado el procedimiento para resolver el contrato con Biobide (Alsa-Transitia). Según explicaron durante el pleno municipal de abril, el Consistorio ha optado por la “resolución por incumplimiento contractual no culpable”, lo que permitirá que la empresa no tenga que pagar una fianza de más de 20 millones de euros. De esa forma, después de invalidar el contrato firmado por Biobide en 2019 para los próximos diez años, el objetivo consiste en volver a sacarlo a licitación y adjudicarlo. El proceso tardará alrededor de tres meses, en los que se establecerá un periodo transitorio, mientras se elaboran los nuevos pliegos y posteriormente se licita el nuevo contrato.
Al margen de la propuesta de los servicios jurídicos municipales para encontrar una fórmula que no suponga prejuicios para ninguna de las partes, los trabajadores y la empresa han seguido negociando para tratar de llegar a un acuerdo. Tras la reunión de este martes, Biobide ha asegurado que ha formado un preacuerdo con la mayoría del comité de empresa que tendrá que ser ratificado este jueves por la asamblea de trabajadores y, hasta que se realice la votación, la huelga “queda suspendida”. La plantilla de Bilbobus deberá revalidar el preacuerdo en sendas asambleas de mañana y de tarde, por turno de trabajo, que se llevarán a cabo el jueves, por lo que a última hora de la tarde de ese día se sabrá si los trabajadores han aceptado el acuerdo y se acaba con la huelga indefinida que llevan a cabo desde el pasado día 9 de abril en demanda del convenio.
POSTURAS DE LOS SINDICATOS
Según fuentes de CCOO Euskadi, “aunque no se hace referencia a un IPC explícito, las subidas salariales corresponden a los IPC de los años del preacuerdo”, del que todavía se están redactando “algunos flecos”. El preacuerdo tendría una vigencia temporal hasta 2027, con un incremento salarial en 2025, 2026 y 2027 referenciado a la subida que tengan esos años los empleados de la administración. “Dependiendo de cómo quedara el IPC, tendríamos un diferencial a nuestro favor de un 0,5, si el IPC fuera superior a la subida que tuviesen los funcionarios. Marcamos un diferencial mínimo de 0,7 para esos años, y luego sobre eso marcaríamos otro 0,5, por encima de lo que le suban al personal de funcionarios la Administración general del País Vasco”, han indicado.
ELA, el único sindicato que se ha desvinculado del acuerdo, ha señalado que en los contenidos que están dispuestos a llevar al preacuerdo “no se recogen incrementos salariales en función del IPC anual”. Además, ha denunciado que la referencia de los incrementos salariales dependerá del incremento salarial en la función pública que establezca Madrid. “Es inaceptable, ya que se neutraliza el marco de negociación propio y se someten los salarios a las leyes estatales”, reprochó en un comunicado. Frente a ello, ELA ha anunciado que seguirá luchando hasta el último momento para garantizar el poder adquisitivo de la plantilla y defender el marco de negociación.
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
A pesar de que conflicto laboral se ha recrudecido desde que se inició la huelga indefinida, los problemas comenzaron en 2022. Cabe recordar que meses antes de que se adjudicara el contrato por valor de 500 millones de euros, en 2019, la concesionaria anterior firmó un acuerdo de subida salarial de 1,5 puntos sobre el IPC para 2020 y 2021. Los pliegos de condiciones del nuevo contrato estimaban una subida de 2,3 puntos para cada uno de los diez años. Sin embargo, como consecuencia del coronavirus, el IPC fue de 6,5, suponiendo una subida salarial del 8% en 2021. Aunque la concesionaria lo asumió, cumpliendo el convenio, no pudo afrontar las nuevas subidas de IPC de 5,7% en 2022 y un 3,1% en 2023.
Así fue como el Ayuntamiento de Bilbao, después de que la empresa manifestara que no podía asumir los salarios a los que se había comprometido por el “fuerte desequilibrio económico del contrato y la quiebra económica” que le supondría, comenzó a buscar alternativas. Tras analizar diferentes vías para modificar el contrato o rescindirlo, en un caso para el no ha habido precedentes en la jurisprudencia, finalmente se ha optado por la “resolución por incumplimiento contractual no culpable”, lo que permitirá garantizar las demandas salariales de los trabajadores sin suponer la ruina de la empresa.
